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Ministerio de Salud ecuatoriano ‘estafó y se burló flagrantemente’ del pueblo ecuatoriano con mandato de vacunación

Esta semana una jueza ecuatoriana dio al Ministerio de Salud del país sudamericano ocho días para ampliar una respuesta anterior a una solicitud de libertad de información presentada en junio, para acceder a la información pública sobre la campaña obligatoria de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la rubéola en Ecuador.

La solicitud fue presentada originalmente por organizaciones ecuatorianas de derechos humanos a favor de niños y jóvenes, pidiendo que se detenga la campaña de vacunación obligatoria del país contra la poliomielitis, sarampión y rubéola. El mandato fue impuesto por el Ministerio de Salud del Ecuador desde el 2 de mayo.

El operativo de vacunación masiva comenzó en forma simultánea en todas las provincias del país, luego de que el Ministerio de Salud detectara un caso de sarampión. Al mismo tiempo que la sentencia del juez fue promulgada, medios de comunicación ecuatorianos reportaron que 20 niños en la ciudad de Sangolquí tuvieron reacciones negativas luego de recibir las inyecciones.

La primera audiencia debía llevarse a cabo el 9 de junio, pero los demandantes se presentaron y la audiencia fue cancelada porque el Ministerio de Salud “no había sido notificado” de la citación.

La siguiente audiencia debía tener lugar el 16 de junio, pero nuevamente los representantes del Ministerio de Salud no se presentaron.

La tercera audiencia debía tener lugar el 23 de junio y fue pospuesta nuevamente.

Finalmente la audiencia se llevó a cabo el 11 de julio, la jueza Georgina Toral Mena decidió dar un plazo de 8 días al Ministerio de Salud y al Ministro Dr. José Ruales para que “entreguen información de aclaración” de las pruebas presentadas en la audiencia anterior. También resolvió que sus disposiciones deben cumplirse, con la intención de resolver el caso en la próxima audiencia. 

La representante de la organización ODHE, la ingeniera Glenda García, dijo a Frontline News: “La audiencia fue para obtener información sobre las vacunas contra el sarampión, la rubéola y la poliomielitis. El Ministerio de Salud al presentar la información lo hizo con fecha 8 de junio como prueba de haber entregado la información que los ciudadanos solicitaron en mayo. Lo cual es mentira; no adjuntaron el documento en el correo electrónico a donde se suponía que debía haber sido entregado. El Ministerio de Salud presentó este documento como prueba de haber entregado la información solicitada”. 

El representante legal de la Comisión Ciudadana por la Verdad, el abogado William Sánchez, dijo que su grupo impugnó nueve de los diez informes que el Ministerio de Salud “pretendía pasar como prueba de cumplimiento” a la solicitud de libertad de información.

“La única respuesta admitida por nosotros, fue su declaración de que la vacunación contra la presunta rubeola, sarampión y poliomielitis nunca fue obligatoria, lo cual debe conocer todo el país – sobre todo los padres que fueron coaccionados para que permitan vacunar a sus hijos y hoy están delicados de salud – por lo cual pueden demandar a quienes los presionaron de forma abusiva e ilegal.

“Por otro lado, la jueza ha dado ocho días de plazo al Ministerio para que presente la información correcta y completa de lo solicitado, tiempo que se contará a partir de que la emita por escrito.

“Por falta de tiempo no voy a detallar las absurdas y ridículas excusas de quienes defendieron al Ministerio de Salud Pública, mismas que deben preocuparnos a todos los ecuatorianos por el poco nivel de conocimientos sobre Derecho Constitucional y Público que tienen quienes están encargados de defender a nuestro Estado. 

“Pues estos señores trataron de justificarse diciendo que en la web está todo, y les probamos, en la misma sala de audiencia, que ni si quiera podían abrirse los enlaces que ellos daban.

“A parte de que, aún en el supuesto de que estuviesen allí los datos – al menos parte de la información requerida – la ley los obliga a entregarla a los peticionarios en lo que se llama ‘Transparencia Pasiva.’” Es decir, la obligación que tienen las instituciones del Estado de responder y entregar a los ciudadanos los documentos y la información generada en el proceso de gestión y administración del organismo.

Sánchez continúa: “Pero, es más, en el colmo de su soberbia se atrevieron a decir que no es culpa de ellos si no nos agradaban sus respuestas; porque los del Ministerio de Salud, según ellos, son quienes saben – olvidándose que entre los accionantes tenemos a dos médicos de primer nivel y un genetista con casi cincuenta años de experiencia. Sin contar con el resto de profesionales en otras áreas que, por lógica elemental, se percataron del fallido engaño”.

Demandantes, representantes de organizaciones ecuatorianas de derechos humanos. Izquierda, arriba: Ab. William Sanchez Aveiga, Ing. Glenda García Solis, Dr. Mauricio Quiñonez Mendoza, Periodista de Investigación Eduardo Barba Arias, Dr. Carlos Heredia Fiallo, Dr. Rafael Morales Astudillo

El doctor Mauricio Quiñonez calificó las tácticas dilatorias del Ministerio de Salud como “un insulto a la inteligencia”.

Quiñonez dice: “Nosotros solicitamos argumentos científicos y epidemiológicos”, pero el Ministerio de Salud solo entregó “un informe técnico, contándonos la historia de la vacunación.

“Solicitamos el registro sanitario de las vacunas y nos envía el reglamento de cómo obtener el registro sanitario.

“Solicitamos los contratos de la compra de las vacunas contra polio sarampión y rubeola… nos enviaron un convenio con la Organización Panamericana de la Salud”. Agrega: “Por cierto, las vacunas no son gratis, se pagan con nuestros impuestos.”

El Dr. Quiñonez recuerda: “De remate, preguntamos sobre los registros sanitarios de las vacunas COVID-19 y responden que no pueden dar esa información por ser confidencial; cuando ya tenemos una sentencia a nuestro favor, que obliga a cumplir con la entrega de la información solicitada.”

El Dr. Quiñonez concluyó: “Insisto, la salud está manejada con una serie de desatinos; para muestra un botón; la salud pública, con secretos que resultaron ser fatales para la comunidad por los efectos colaterales de las mal llamadas vacunas COVID-19.

“Ahora continúan experimentando con el pueblo ecuatoriano con la nueva vacuna bivalente.

“El silencio cobarde de los profesionales de la salud en este tema es altamente sospechoso”.

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